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La tecnología y la protección de datos marcan la agenda digital

La Constitución de la República establece como un derecho la protección de datos del ciudadano.

En septiembre del 2019, el actual Gobierno envió a la Asamblea un proyecto de ley en esta línea, algo que, en medio de la pandemia y un alto uso de plataformas digitales, se ha convertido en una prioridad.

Los candidatos presidenciales finalistas se han pronunciado en sus programas de gobierno al respecto. Ambos apuntan hacia una transformación tecnológica que, de cierta manera, iría acompañada de una legislación que proteja al usuario.

Esta innovación no solo implica la masificación del gobierno electrónico, sino la implementación de medidas que velen por los derechos los usuarios, sus datos informáticos y el uso que hacen de estos las empresas en diversos ámbitos.

El abogado Nelson Torres, especializado en Derecho Civil, dice que los gobiernos y las empresas deben garantizar el correcto almacenamiento de los datos digitales.

La promoción de los derechos digitales será una prioridad

Andrés Arauz, candidato presidencial Unes

Andrés Arauz plantea en su plan la elaboración de una “legislación sobre derechos digitales que reivindiquen: la soberanía tecnológica, la privacidad y el control de datos en la Red”.

En el punto nueve de su plan de gobierno, titulado ‘Justicia digital y nueva economía’, anota: “El neoliberalismo intenta colonizar el mundo digital con prácticas predatorias extractivistas, al apropiarse de vastos territorios virtuales”. Afirma que “las plataformas virtuales se convierten en nuevas ­fuentes de rentismo”.

Para el candidato de Unes, “es necesario cerrar la brecha digital mediante una alianza entre los distintos actores involucrados para realizar una transición hacia una nueva economía digital”. A su criterio, mediante esta estrategia se podría “recuperar el dato y la información como un bien público y común prohumanidad, democracia y sostenibilidad ambiental, que respete el derecho a la privacidad de las personas”.

El presidenciable afirma, además, que “las plataformas virtuales son monopolios naturales, y por eso han de ser consideradas bienes de utilidad pública y, por tanto, los servicios de Internet deben convertirse en servicios públicos”.

Para cumplir con su objetivo propone la aprobación de una legislación que reivindique la conexión digital como derecho básico y de acceso gratuito. Además, plantea “una Estrategia de Formación y Alfabetización Digital y planes específicos de financiación y asesoramiento para pymes”, mediante lo cual busca impulsar el acceso tecnológico a más sectores.

Otro de los planteamientos es la creación de la a Red de Centros de Innovación Ciudadana, que servirán para actividades de divulgación. Junto a ello se impulsará la digitalización de “la administración pública para simplificar y fortalecer procesos”.

El Estado debe digitalizarse para hacer una mejor gestión

Guillermo Lasso, candidato presidencial Creo-PSC

El aspirante presidencial Guillermo Lasso, en el acápite 3.2 de su plan de gobierno, referido a la conectividad y gobierno digital, incluye un apartado denominado ‘Hacia la transformación digital’. En este resalta que “las empresas que son capaces de utilizar la tecnología y los datos estratégicamente se han convertido en las más productivas y valiosas del mundo”.

Considera que “la implementación de un gobierno digital ayudaría a fortalecer la relación de los ciudadanos con sus gobernantes y generaría un estado más eficiente”.

En el apartado ‘Hacia un gobierno digital que garantice servicios públicos de calidad’, Lasso expresa que “la transformación digital es un ganar-ganar para los diferentes actores de la sociedad”.

De acuerdo con su propuesta, al digitalizar al Estado, en el sistema judicial se “facilitaría un gran registro de datos públicos y permitiría que las notarías -aplicando las seguridades respectivas- accedieran a esta información” de los usuarios.

Para Lasso, esta digitalización del Estado sería un servicio ciudadano de alto impacto, ya que las personas no deberán acudir a diferentes estancias gubernamentales para obtener documentos y certificados públicos, lo cua facilitaría los trámites.

El candidato de Creo resalta también que el país “reporta una baja calificación en el componente de telecomunicaciones, elemento clave para que los ciudadanos tengamos acceso a los diferentes servicios electrónicos que brinda el Estado. En el 2020, el total de trámites administrados por el Gobierno ecuatoriano superó los 4 800; de los cuales, aproximadamente el 58% se puede completar de manera digital”.

Por otro lado, sostiene que la transformación digital en el sistema de salud lograría un intercambio dinámico de información para mejorar la atención de los pacientes.